Antonio Vegara, profesor, activista medioambiental, responsable del SEPER Tarifa promotor de diferentes proyectos de aprovechamiento y revalorización de algas
El PP votó el pasado 14 de junio en contra de la Proposición No de Ley 11-19/PNLC-000134, relativa a tratamiento de la Rugulopterix okamurae en el Estrecho de Gibraltar, en el Parlamento de Andalucía, aprobada por mayoría gracias al resto de partidos, incluidos sus socios C´s y VOX
La línea argumentativa de la Junta de Andalucía en torno a la catástrofe ecológica que supone la invasión de Rugulopteryx okamurae padece miopía política. No parece que quieran ver el bosque, impidiéndole su obsesión observar una imagen general y los retrasos de la gestión en invasoras que la propia Junta de Andalucía ha provocado zancadilleando el procedimiento, ralentizando informes preceptivos y vinculantes para la declaración de Rugulopteryx okamurae como Especie Exótica Invasora (EEI).
Empecemos recordando que el PP votó en contra el pasado 14 de junio de 2019 la Proposición No de Ley 11-19/PNLC-000134, relativa a tratamiento de la Rugulopterix okamurae en el Estrecho de Gibraltar, en el Parlamento de Andalucía, aprobada por mayoría gracias al resto de partidos, incluidos sus socios C´s y VOX. A esta iniciativa la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible no ha hecho ningún caso. La propia consejera informaba el 31 de julio que había mantenido un encuentro con el Ministerio de Transición Ecológica para entregar los resultados de sus estudios científicos. Sin embargo, es el 19 de septiembre cuando firma un convenio con la empresa Ocean Cleaner Technology para mapear la zona invadida del alga «Rugulopteryx okamurae», única actuación que ha financiado la Comunidad Autónoma. El mapeo no ha sido completado ni entregado al Grupo de Trabajo Técnico Específico creado por el Ministerio de Transición Ecológica al día de hoy.
Tal es el retraso de la información que el propio Ministerio tuvo que contratar a la Universidad de Málaga para la elaboración del Informe de Riesgo, entregado en la segunda quincena de noviembre 2019. La Junta de Andalucía no ha puesto en marcha las medidas urgentes establecidas en el artículo 9 del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Catálogo español de EEI, para la que tienen plenas competencias. Y es incomprensible, salvo por los criterios economicistas que priman en la gestión del medio ambiente para el PP, que la propia responsable en la empresa pública AMAYA, Soledad Vivas, expuso en las Jornadas “Alga invasora en el Estrecho, reto y soluciones” (1 de julio –Tarifa-): “…no hay que hacer nada, invertir dinero público en su erradicación es tirar el dinero…”. Hay que recordar que Andalucía en el 2014 redactó y aprobó el Manual Práctico “Análisis del riesgo de invasión de vegetales exóticos”, junto a unas líneas de acción para las EEI que brillan por su ausencia en este nuevo Gobierno tripartito.
La invasión de la Rugulopteyx okamurae no se ha quedado estancada en el Estrecho de Gibraltar sino que los datos confirman que lo sucedido en él es sólo el inicio, la invasión colonizará todo el Mediterráneo. Y son las aguas interiores de la costa andaluza, de plena competencia de la Junta de Andalucía, donde el alga se cría. Por tanto, la Junta de Andalucía es responsable por acción, dejación y omisión.