Tarifaaldia

El ex alcalde Juan Andrés Gil condenado a 9 meses de prisión

El Juzgado de lo Penal número 2 de Algeciras exige ahora la ejecutoria de la sentencia desfavorable contra Juan Andrés Gil en relación a un delito de Prevaricación Urbanística. El juzgado ha acordado la sustitución de la pena de los 9 meses por la pena de 18 meses de multa de cuota diaria de 6 euros así como un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas

La oscura e irregular gestión como alcalde, está pasando factura judicial a Gil García/S.T.
La oscura e irregular gestión como alcalde, está pasando factura judicial a Gil García/S.T.
El ex alcalde Juan Andrés Gil condenado a 9 meses de prisión

 

Se le acumulan las condenas al ex alcalde del Partido Popular, Juan Andrés Gil, quien no obstante respiró aliviado el pasado febrero cuando la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz le absolvió de la condena impuesta por un Juzgado de lo penal de Algeciras que le condenaba a pena de inhabilitación en un procedimiento en relación a la celebración del campeonato mundial de Kite del año 2014 en la zona de La Venta del Tito. Sin embargo, solo fue un respiro, una bocana antes de volver a sumergirse en los múltiples procesos judiciales en los que concluyó su mandato, repleto de irregularidades, ilegalidades, escándalos, condenas de inhabilitación que a la postre han a de la vida pública al personaje más camaleónico del marco político local.

 

Tras acumular años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, y después de pactos de conformidad judicial -es decir, un mecanismo contemplado en la ley y basado en asumir la pena sin llegar a la celebración de la vista, generalmente a cambio de una notable reducción en los términos de la condena que propone el Ministerio Público-, Gil García ve ahora como se amplía la acumulación de condena y por tanto de hechos delictivos probados bajo su gestión. En esta ocasión el Juzgado de lo Penal Número 2 de Algeciras ha dictado en septiembre la ‘Ejecutoria’ de la sentencia condenatoria emitida el pasado 20 de mayo por delito de “prevaricación urbanística”.

 

Los hechos probados, condenados y sancionados, se remontan al año 2015, cuando siendo regidor de Tarifa, Juan Andrés Gil García otorgó unas licencias de obras “a sabiendas de su injusticia, de manera arbitraria y caprichosa firmó favorablemente el decreto 1763/2015 concediendo la referida licencia de obras” en una zona de La Peña. Continúa la sentencia en sus hechos probados que el ex alcalde otorgó la licencia “con conocimiento de que las referidas obras infringían la normativa urbanística vigente al no contar con preceptivo informe definitivo del arquitecto municipal, ni asesor técnico de urbanismo”. De hecho, continúa el auto, existía un informe del arquitecto técnico municipal señalando que “las pretendidas obras se realizarían en suelo no urbanizable, e informando además a que esas obras no podrían ser legalizables”.

 

También recoge la sentencia que la Asesora Jurídica del Ayuntamiento advirtió de las irregularidades del expediente y señalando que para emitir informe favorable de su área debería de reunir unos requisitos, que consistían principalmente en la elaboración de diferentes informes de las áreas municipales de la Oficina Técnica y la propia Secretaria General. Informes que nunca llegaron a realizarse por lo que tampoco se realizó el informe preceptivo de la asesora jurídica. Sin embargo, no fue óbice para que Gil García en sus atribuciones como alcalde, decidiera mediante decreto de Alcaldía, autorizar unas obras que posteriormente fueron denunciadas por el SEPRONA, lo que inició el procedimiento e investigación contra Gil García que ha devenido finalmente en una nueva condena.

 

El Juzgado de lo Penal número 2 de Algeciras emitió sentencia desfavorable contra Juan Andrés Gil en relación este delito de Prevaricación Urbanística el pasado 20 de mayo. Ahora con fecha de 20 de septiembre el juzgado ha acordado la ejecutoria de la condena contra Gil García como autor de un delito de prevaricación tipificado en el Código Penal del artículo 320.1, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas, a la pena de 9 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho a sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a la pena de 6 meses de multa con cuota diaria de 6 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago e inhabilitación especial para cargo público por tiempo de 3 años, 6 meses y el pago de las costas.

 

No obstante, y a pesar de la dureza de la condena, Gil García en su derecho de acogerse a pactos de conformidad judicial, la jueza ha acordado la sustitución de la pena de los 9 meses por la pena de 18 meses de multa de cuota diaria de 6 euros así como un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas y se acuerda el fraccionamiento del pago en 6 meses.

 

Investigado por un presunto fraude de Ley y desvío de fondos públicos

Esta dura sentencia conocida tanto por él como por su partido desde el pasado mayo, trunca cualquier aspiración política futura del ex alcalde y no solo eso, sino que le pone en serio aprieto ante el desenlace de las causas pendientes. En tal sentido, cabe recordar que el pasado 14 de febrero informábamos de que la Guardia Civil investigaba a requerimiento del Juzgado de guardia, una denuncia sobre un presunto desvío de fondos públicos durante la época de Gil García. Estos otros hechos que se investiga y por los que Gil García podría haber declarado el día 20 de ese mismo mes, tienen que ver con la realización de unas obras y unas contrataciones bajo su mandato “que nunca llegaron a realizarse” y que el tripartito denunció en marzo del 2016. Esta denuncia se basa en los contratos a ocho trabajadores (dos oficiales y 6 peones) que a cargo del Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda se habían concretado semanas antes de las últimas elecciones. Una petición de adelanto de sueldo de uno de esos trabajadores reveló que los trabajadores deberían de haber finalizado sus contrataciones tres meses antes. Fue entonces cuando también se descubrió que las obras proyectadas tampoco se habían realizado.

 

Un rosario de casos judiciales

Juan Andrés Gil fue condenado en marzo de 2016 a siete años de inhabilitación por otro delito de prevaricación. Fue a raíz de una denuncia que el PSOE interpuso contra él por el despido de Miguel Ángel Marín, y la contratación de Cristóbal Iglesias, alcalde de Facinas y miembro del Partido Popular tarifeño. Tal y como quedó expuesto en la vista oral, celebrada el 17 de febrero de 2016, Cristóbal Iglesias fue contratado para la realización de trabajos de reforma en el castillo de Guzmán el Bueno sin que fuese convocado ningún proceso de selección ni contratación para tal fin.

Otro caso que le valió una dura condena de inhabilitación fue por un delito de prevaricación continuada basado en contratación de los hijos de dos concejales del PP como personal laboral indefinido. La jueza atendió a los criterios del ministerio fiscal que entendía que la firma de los contratos se llevó a cabo al margen de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), sin que existieran vacantes para los mismos, sin tener en cuenta los méritos, sin necesidad de cubrir los puestos y sin ningún objetivo concreto a cubrir.

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