Centro Tarifa Santa Catalina, S.A recurre la liquidación del contrato con el Consistorio

Pide que se le “reconozca el derecho a percibir indemnización en concepto de ‘daño emergente y lucro cesante’

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Centro Tarifa Santa Catalina, S.A recurre la liquidación del contrato con el Consistorio

 

El asunto de Santa Catalina, no ha concluido tras el desenlace del proceso judicial en el 2016. Así tras la sentencia absolutoria, el gobierno local determinó articular un proceso administrativo que desembocó en la aprobación el pasado 11 de noviembre de la liquidación del contrato de concesión de obra pública del castillo de Santa Catalina donde el Consistorio apuntaba según los informes de técnicos y juristas, la inexistencia de “lucro cesante” y cifraba la indemnización reconocer una indemnización a favor de ‘Centro Tarifa Santa Catalina S.A.’ por importe de 154.279,82 euros conforme a la motivación expuesta en los Fundamentos de Derecho expuestos. A ello sumar la “devolución del aval depositado tras la firmeza de la liquidación del contrato acordada inicialmente, por importe de 165.435,74 euros”.

 

También otorgaba a la empresa un plazo de 10 días hábiles desde el cómputo de la notificación del acuerdo del Pleno”, y como era de esperar ‘Centro Tarifa Santa Catalina S.A.’ lo ha hecho. Y es que era previsible, teniendo en cuenta que tras el desenlace judicial y toda vez que el 28 de marzo de 2018, de manera unánime, el pleno aprobase el inicio el procedimiento de ‘nulidad de adjudicación del contrato de concesión de obra pública del cerro y Castillo de Santa Catalina, había expresado la intención de solicitar al Consistorio una cantidad en torno a los 22 millones de euros.

 

Este diario ha conocido que con fecha del pasado 27 de diciembre la Secretaría del Registro General recibió comunicación por parte del asistente legal y en representación de ‘Centro Tarifa Santa Catalina S.A.’ en el que deja patente su desacuerdo tanto con las causas de nulidad del contrato, como con la cantidad fijada como indemnización, así como con la “inexistencia del lucro cesante”.

 

La empresa, señala que si la nulidad del contrato se debe a las “irregularidades administrativas del procedimiento técnico”, ésta se debe exclusivamente al proceder del Consistorio. “Es decir: fue el Ayuntamiento de Tarifa quien decidió cómo tramitar el procedimiento de adjudicación del Contrato de Concesión, de forma que la Sociedad se limitó a participar en el mismo de conformidad con los términos y condiciones previamente definidos y delimitados por el Ayuntamiento, actuando en todo momento de buena fe, por lo que el hecho de haber incurrido en vicio de nulidad al tramitar el procedimiento solo es imputable a la Administración, y no al interesado. Dicho de otro modo, si el Ayuntamiento de Tarifa erró al definir y tramitar el procedimiento de adjudicación del Contrato de Concesión, como así se ha declarado, este error le es imputable en exclusiva”, justifica Centro Tarifa Santa Catalina S.A. para argumentar que por tanto, “lo que la causa de nulidad y posterior liquidación de este contrato es imputable por entero al propio Ayuntamiento”.

 

Insistencia en la existencia del lucro cesante

Por otro lado, ese mismo argumento sirve de base a la empresa para insistir en que existe el lucro cesante. “Por tanto, dado que la única causa alegada por el Ayuntamiento para excluir el lucro cesante o beneficio industrial es la concurrencia de culpas y la misma no se da. No existe justificación alguna para la exclusión de este concepto de las partidas susceptibles de ser indemnizadas. En consecuencia, dado que la causa de nulidad del Contrato de Concesión es imputable por completo al Ayuntamiento, debe de indemnizar a la Sociedad por los daños provocados por esta causa. Indemnización que según el principio de la restitución íntegra, debe ser integral ex artículo 65 del TRLCAP, esto es, debe comprender todo el perjuicio padecido por la Sociedad a causa de la nulidad y posterior liquidación del Contrato de Concesión”. El artículo al que se refiere señala que las indemnizaciones de daños “no solo comprenden el valor de la perdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor”, defiende la empresa.

 

Quiere indemnización por ‘daño emergente y por lucro cesante’

Centro Tarifa Santa Catalina ha elaborado un listado de los distintos conceptos en que se puede dividir el supuesto daño causado por no llevar a cabo la explotación de la zona. Entre ellos enumera: “Inversiones, tanto las efectuadas en el restaurante como las efectuadas en el centro comercial, previstos ambos en el proyecto del Contrato de Concesión. Gastos, tanto los de constitución de la Sociedad como los derivados de la prestación de servicios profesionales a favor de esta, la constitución y mantenimiento de los avales constituidos por la Sociedad en concepto de garantías, la constitución y amortización de un préstamo formalizado por la Sociedad para ejecutar el Contrato de Concesión, y distintas provisiones de fondos efectuadas en relación con procedimientos legales relativos a dicho contrato”.

 

En suma, y en base a estas y otras consideraciones contables y económicas, la empresa exige como indemnización por ‘daño emergente’ la cuantía de 679.856,3 euros, suma de 549.938,71 y 99.917,59 euros calculados por la empresa como inversión y gastos. Además, a ellos pretende sumar 30.000 euros en estimación de material empleado y que asegura fue robado.

 

A esta cantidad pretende la empresa, se le sume la cantidad por el lucro cesante, cuya cuantía señala hay que resolver por “la suma actualizada (o descontada, en rigor) al momento de cálculo de la indemnización del beneficio neto (ingresos menos gastos) derivado de la explotación de las obras objeto del Contrato de Concesión. Cálculo de los ingresos brutos obtenidos, de los cuales deberán descontar los gastos necesarios para su obtención y el resultado, para obtener el beneficio neto, que será el lucro cesante dejado de percibir durante el tiempo de duración de la concesión hasta su resolución final”.

 

De hecho la empresa quiere que en base a una consideración en el contrato con el Consistorio donde la administración argumentaba al respecto del cerro de Santa Catalina que "es propiedad del Ayuntamiento de Tarifa, siendo intención del Ayuntamiento dotar a la zona de una mayor potencialidad capaz de representar en la práctica un punto de atracción y la desestacionalización del turismo de la zona”, lo que le sirve de base para valorar los de 4.252 m2, a razón de 20 euros el metro cuadrado que pretende cuantificar la rentabilidad del metro cuadrado por mes, contabilizando desde la fecha sobre el plazo en que se encontró suspendido el contrato, y hasta su resolución final.

 

En definitiva, la empresa pide que se le “reconozca el derecho a percibir indemnización en concepto de ‘daño emergente y lucro cesante’, así como las demás partidas expresadas en el recurso presentado y proceda a liquidar el contrato, determinando los anteriores conceptos de acuerdo con los calculados realizados o, en su caso, empleando las bases de cálculos dadas por la Sociedad”.

 

El Ayuntamiento pretende desestimar el recurso

 

Este diario ha conocido por fuentes oficiosas, que el gobierno local pretende desestimar el recurso de la empresa, por lo que una vez más y tras casi dos décadas de proceso judicial, Santa Catalina y su entorno, podría verse envuelta en un nuevo procedimiento que retrasara su puesta en valor, su futuro, y lo que es mucho peor, su propia integridad monumental.

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