Apoyo unánime al convenio entre Metrovacesa y el Ayuntamiento para el desarrollo urbanístico de Albacerrado

Tras las modificaciones presentadas por el proyecto desde el 2014 supondrá una inversión de 70 millones, un hotel, centro de congreso, viviendas de renta libre, y de VPO, suelo para equipamientos públicos y 2’4 millones destinados a infraestructuras hidráulicas

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Ediles durante la sesión plenaria presencial tras la pandemia/Shus Terán
Apoyo unánime al convenio entre Metrovacesa y el Ayuntamiento para el desarrollo urbanístico de Albacerrado

 

Si alguna vez, lo que alguna vez fue denominado Ciudad del Surf llega a construirse tras ser sometido a numerosas transformaciones desde su idea inicial en el 2014 -planteado entonces tal y como manifestó ayer el portavoz municipal de Adelante Tarifa, como “crear un Sotogrande dentro de Tarifa en un proyecto urbanístico excluyente”- hasta la aprobación definitiva en pleno ayer, supondrá una inversión total prevista por la promotora Metrovacesa de 70 millones de euros.

 

Fruto del convenio entre Metrovacesa y el Consistorio en el desarrollo urbanístico del sector SUS-TA-02 Albacerrado, planteado sobre una superficie de más de 160.000 metros cuadrados, de los que pretenden edificar unos 50.000 metros, se construirán: un gran hotel con al menos 200 habitaciones y un auditorio para uso público y privado al objeto de fomentar el ‘turismo de congresos’.

 

El acuerdo definitivo entre la empresa y el gobierno local y al que todos los grupos con representación municipal (PSOE, Andalucía X Sí, PP y Adelante Tarifa) dieron su aprobación ayer, persigue construir en la superficie urbanizable distintas tipologías de vivienda, dando esto lugar a la futura construcción de viviendas familiares de entre 3 y 4 dormitorios. Pero, entre los condicionantes planteados por PSOE y entonces Ganar Tarifa, asegurando que al menos el 10% de esas viviendas debieran de ser de carácter social y además destinar una superficie concreta para equipamiento municipal centrada y unificada (lo que no quería el gobierno local es (como suele ocurrir) un suelo sobrante y residual de difícil aprovechamiento.

 

También el acuerdo final incrementa en un millón, hasta completar los 2.400.000 millones el dinero que Metrovacesa destinará para la creación de infraestructuras hidráulicas. Así con todos los condicionantes concretados y comprometidos, todas las formaciones políticas, convinieron en ver el proyecto urbanístico como “beneficioso para el municipio” tanto a nivel de nuevas y necesarias infraestructuras hoteleras, como medida (solo) paliativa para la carestía de viviendas asequibles, pero sí como un importante empuje para la creación y consolidación de empleo estable.

 

Antes de dar el voto favorable a este paso previo a la puesta en marcha del proyecto, la oposición reclamó parte del logró. Primero el PP señalando que “se trata de un proyecto suyo” aunque ciertamente poco tiene que ver el proyecto actual con el englobado en la tan cacareada ‘Ciudad del Surf’ que ellos presentaron. Adelante Tarifa por su parte se revindicó como pieza clave en los condicionantes establecidos a la empresa promotora, para que la urbanización no fuera una ciudad dentro de otra ciudad y que excluyese a la propia ciudadanía tarifeña.

 

Fue este asunto, uno de los puntos abordados por lo munícipes en una sesión plenaria que tras meses de celebraciones telemáticas y gracias a la actual situación sanitaria del municipio y valores o índices de la pandemia, pudo celebrarse con formato presencial, eso sí, guardando las distancias entre los munícipes y con las mascarillas puestas. Una sesión marcada también por tres ausencias en la bancada de la oposición por motivos laborales, y la próxima maternidad de la edil de Adelante Tarifa y los problemas de salud de la portavoz municipal del Partido Popular, al que el pleno le deseo una pronta y efectiva recuperación a la que se suma este diario.

 

La unanimidad demostrada en el proyecto de Metrovacesa no se consiguió a la hora de aprobar el plan municipal de inclusión sociolaboral para personas con riesgo de exclusión social ‘Tarifa Integra 2021-2022’. Un plan de empleo especial y de carácter municipal al cual se han destinado 400.000 euros de las arcas locales que persigue la contratación durante seis meses de un máximo de 27 personas, que son aquellas que, según los baremos y estudios de diferentes áreas municipales, se encuentran en riesgo de exclusión social debido a la coyuntura económica y laboral de la pandemia.

 

El plan salió adelante gracias a los votos del gobierno local, pero con la oposición de Adelante Tarifa y Partido Popular, quienes expresaron que “aunque la intención es compartida, cuenta con dos informes desfavorables de la Secretaría e Intervención municipal” que apuntan a que podría ser declarado “en fraude de ley”. La oposición culpó a los geobernantes locales de llevar “un expediente incompleto que no tiene flecos, sino que puede representar un fraude de ley. Tráiganlode manera completa y lo apoyaremos” se justificó desde la oposición Adelante Tarifa para no dar el apoyo a este asunto y ausentarse de la votación donde sus compañeros de bancada (PP) votaron en contra.

 

El alcalde, Francisco Ruiz rebatió este asunto, señalando que si bien existen esos informes, se han consultado con todas las áreas implicadas, como Contratación, Hacienda, Asuntos Sociales y a pesar de no ser competentes a nivel local, existe precedentes como “el bono impulsa que lo aprobamos a falta de la autorización de la Junta, pero porque no podemos esperar para intervenir antes de que se agraven las condiciones de muchos ciudadanos tarifeños”. El alcalde recordó que la autorización de la Junta para la aplicación del ‘Bono Impulsa’ llegó hace unos días y apuntó a ese instrumento como un revulsivo en tiempo de COVID-19 “que tampoco podíamos esperar. Ustedes voten lo que estimen conveniente, pero no es momento de ponernos de perfil”.

 

Otro de los puntos a tratar fueros aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la Empresa Aguas y Residuos del Campo de Gibraltar S.A. (ARCGISA) y la aprobación inicial de modificación presupuestaria consistente en crédito extraordinario para transferencia de capital a ARCGISA. Mediante el primero el Consistorio afrontar una “deuda reconocida” con la empresa pública de un millón de euros, y mediante el segundo, el Consistorio se asegura la renovación de la flota de recogida de residuos, así como la incorporación de varios camiones de carga lateral y la renovación e instalación el próximo año de nuevos contenedores de residuos selectivos desde Atlanterra al Bujeo. Ello implicará además reducir la deuda con la empresa mancomunada, conseguir negociar un plan aplazado de pago de la deuda pendiente y ayudar a ARCGISA a afrontar su delicada y precaria situación financiera.

 

Tras el debate y aprobación de los distintos puntos se abordaron las distintas mociones de grupos donde sobresalía la presentada por Adelante Tarifa, PSOE, y Andalucía X Sí, que finalmente suscribió también el Partido Popular, por lo que no fue necesaria su votación y se maquilló de propuesta institucional de “instar a la Junta a proceder a la modificación de los protocolos de revisión de transformadores eléctricos en Andalucía”, para evitar trágicos sucesos como el ocurrido tras la deflagración del transformador 29.272 que hace cinco años costó la vida a Sara Ojeda y Mariluz Morillo, y dejó gravemente heridos a otros seis compañeros que trabajaban en el hotel 100% Fun y por el que existe una causa abierta en el juzgado para depurar responsabilidades.

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